WASHINGTON, D.C., A 9 DE OCTUBRE DE 2026.— El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una nueva acusación formal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. El expediente presentado ante una corte federal los señala como presuntos responsables del delito de conspiración para cometer torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra opositores políticos.
De acuerdo con el documento judicial presentado por la fiscalía estadounidense, las autoridades afirman poseer evidencia sobre la participación directa o implícita de la pareja presidencial en la ordenación y encubrimiento de tratos crueles en centros de detención del SEBIN y la DGCIM. Los fiscales sostienen que las acciones formaron parte de una estrategia para neutralizar la disidencia política en el país sudamericano.
El anuncio refuerza las acciones legales y diplomáticas impulsadas desde Washington contra el liderazgo de Caracas. Representantes del gobierno norteamericano señalaron que estos nuevos cargos amplían los expedientes previos vinculados al narcotráfico y la corrupción, permitiendo solicitar la incautación de bienes adicionales en jurisdicciones internacionales.
Por su parte, el canciller venezolano desestimó de forma inmediata las acusaciones en una comparecencia oficial, calificándolas como una agresión infundada y una injerencia en la soberanía nacional. El gobierno de Caracas acusó a la administración estadounidense de manipular el sistema de justicia con fines políticos e electorales.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron el movimiento como un paso importante hacia la rendición de cuentas internacional. Se anticipa que las defensas legales de los señalados presenten recursos de rechazo ante los tribunales correspondientes.
