Estados Unidos habría comprometido 410 millones de dólares para deportaciones a terceros países

Fecha:

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Una investigación periodística documentó acuerdos con gobiernos extranjeros para recibir migrantes que no son ciudadanos de esas naciones; México aparece como el principal destino.
El Gobierno de Estados Unidos autorizó o comprometió al menos 410 millones de dólares para facilitar acuerdos destinados a enviar migrantes a países distintos al de su nacionalidad, reveló una investigación coordinada por Forbidden Stories.

El proyecto, en el que participaron The Washington Post, The Guardian, AFP y otros medios internacionales, revisó documentos gubernamentales y entrevistó a más de 100 personas relacionadas con la política migratoria.

Los registros indican que la administración estadounidense negoció acuerdos con decenas de gobiernos, principalmente de África y América Latina.

Más de 25 mil personas fueron enviadas a terceros países

La investigación contabilizó 25 mil 447 personas trasladadas hacia terceros países hasta el 31 de agosto de 2026.

Estas deportaciones ocurren cuando Estados Unidos envía a una persona a un país del que no es ciudadana y con el que puede no tener vínculos familiares, culturales o legales.

El consorcio periodístico identificó acuerdos o mecanismos de recepción con 35 países. Los documentos financieros revisados muestran recursos comprometidos para convenios con 31 gobiernos.

México aparece como el principal receptor, con aproximadamente 20 mil personas no mexicanas enviadas desde Estados Unidos, según las cifras reunidas por la investigación.

Recursos incluyen pagos y apoyo mediante organismos internacionales

Del total documentado, aproximadamente 81 millones de dólares corresponderían a pagos directos realizados o comprometidos con gobiernos extranjeros.

Otros recursos fueron canalizados mediante organismos internacionales para financiar alojamiento, transporte, asistencia y eventuales retornos hacia los países de origen.

El Departamento de Estado sostuvo que utilizará los mecanismos legales disponibles para retirar de Estados Unidos a las personas que no cuenten con autorización para permanecer en el país.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de transparencia, las condiciones de recepción y el riesgo de que algunos migrantes sean enviados posteriormente a lugares donde podrían enfrentar persecución.

Tribunal exige oportunidad para expresar riesgos

Una corte federal de apelaciones determinó recientemente que los migrantes deben recibir aviso suficiente y una oportunidad efectiva para explicar si enfrentarían peligro en el tercer país seleccionado.

El Gobierno estadounidense puede buscar que el caso sea revisado por la Suprema Corte.

En el caso de México, continúa pendiente conocer el contenido completo del acuerdo informal referido en la investigación, las condiciones bajo las cuales son recibidas las personas y el tiempo que pueden permanecer en territorio nacional.

También falta una postura detallada del Gobierno mexicano sobre las cantidades reportadas y los recursos relacionados con estos traslados.

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