Tijuana, B.C. 24 de abril de 2026.
Una red de presunta corrupción ha sido denunciada públicamente, involucrando a un alto integrante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a funcionarios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) de Baja California. Según las acusaciones presentadas por un grupo de víctimas y abogados, el esquema consistiría en la alteración de folios reales y documentos históricos para despojar de sus viviendas y terrenos a legítimos propietarios en zonas de alta plusvalía. Este tipo de delitos patrimoniales afecta severamente la confianza institucional y la seguridad pública en Tijuana, al vulnerar el estado de derecho y la certeza jurídica de las familias en este 2026.
Las investigaciones señalan que los despojos se han concentrado en predios con dueños ausentes o adultos mayores durante este primer trimestre del año. Los afectados aseguran que, al intentar realizar trámites de sus propiedades este abril de 2026, se encuentran con que sus inmuebles ya han sido vendidos o cedidos mediante poderes notariales presuntamente apócrifos. Para que la seguridad pública en Tijuana sea integral, es fundamental que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue la colusión de servidores públicos que facilitan estas operaciones fraudulentas durante este segundo trimestre del año 2026.
El gremio de abogados inmobiliarios ha instado a la población a revisar periódicamente el estatus de sus propiedades ante el Registro Público. Mantener la seguridad pública en Tijuana operativa requiere un combate frontal a la corrupción administrativa que permite el robo de patrimonio. Este viernes 24 de abril de 2026, los denunciantes exigieron una auditoría externa a las bases de datos del RPPC, advirtiendo que, de no frenarse esta práctica, cientos de ciudadanos podrían perder sus hogares a manos de grupos que actúan bajo el amparo de influyentismo político durante el resto del 2026.
