San Diego, California, 14 de agosto de 2025
En un movimiento coordinado entre los gobiernos de México y Estados Unidos, dos hombres, entre ellos un presunto líder del crimen organizado de Tijuana, comparecieron por primera vez el miércoles ante la corte federal de San Diego, un día después de haber sido expulsados de México como parte de un grupo de 26 presuntos delincuentes.
Juan Carlos Félix Gastélum, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, y Pablo Edwin Huerta Nuño, identificado como uno de los “principales generadores de violencia” en la región de Tijuana, enfrentan cargos por conspiraciones para la importación internacional de drogas, entre otros delitos. Ambos se declararon inocentes de todos los cargos.
La expulsión masiva de estos 26 individuos a Estados Unidos no forma parte de las negociaciones por aranceles con los que el presidente Donald Trump amenazó, según funcionarios mexicanos. En cambio, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, declaró que su extradición a Estados Unidos tenía como objetivo “evitar que estos criminales sigan operando desde las cárceles y desmantelar sus redes de influencia”.
De acuerdo con el abogado defensor Ilan Katz, esta es la postura más firme del gobierno mexicano, ya que el peor escenario para la mayoría de estos individuos no es estar en prisión, sino estar en una cárcel estadounidense. Huerta, conocido como “El Flaquito”, fue arrestado en Tijuana en junio, y se le acusa de tomar violentamente el control de las rutas de drogas. Por su parte, Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, arrestado en Culiacán, Sinaloa, en enero, es acusado de ser un operador de los laboratorios de metanfetamina del Cártel de Sinaloa.
La extradición de estos presuntos criminales es un golpe importante para las organizaciones delictivas en México y un avance en la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. El hecho de que México opte por enviar a Estados Unidos a objetivos prioritarios del crimen organizado demuestra una estrategia para desarticular a las redes de influencia criminal y evitar que continúen sus operaciones desde territorio mexicano.
