San Diego, 28 de julio de 2025
Un paso decisivo se ha dado en la persistente lucha contra la contaminación del río Tijuana. Estados Unidos y México han suscrito un memorando de entendimiento que establece pasos específicos y un nuevo cronograma para abordar el problema de las aguas residuales que cruzan la frontera y afectan las playas de California, según anunciaron funcionarios de ambos países el jueves pasado. Este acuerdo busca poner fin a décadas de contaminación que ha tenido graves consecuencias ambientales y de salud pública.

Durante años, miles de millones de litros de aguas residuales y químicos tóxicos provenientes de Tijuana han contaminado el Océano Pacífico frente al sur de California. Esta situación ha provocado el cierre de playas, impactando la vida de las comunidades costeras y, en un caso alarmante, causando enfermedades entre miembros del equipo SEAL de la Marina de Estados Unidos que entrenan en esas aguas. A pesar de los esfuerzos previos y las inversiones millonarias, el problema ha persistido, exacerbado por el envejecimiento de las plantas de tratamiento de Tijuana y el crecimiento de la población e industria, incluyendo las maquiladoras.
El administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Lee Zeldin, quien recientemente visitó San Diego y pudo constatar la magnitud de la crisis, enfatizó el compromiso mutuo: «Pude oler por lo que muchos residentes de la comunidad han vivido y con lo que tienen que lidiar. Vi la degradación del valle del río Tijuana. Escuché sobre las playas que fueron cerradas. Me reuní con los Navy SEALs, cuyo entrenamiento se ha visto afectado. Fue una visita muy impactante para mí».
El acuerdo detalla acciones concretas. México se compromete a completar su asignación de 93 millones de dólares para proyectos de infraestructura, adheriéndose a un calendario específico para obras prioritarias que se extenderán hasta 2027. Por su parte, Estados Unidos acordó completar la expansión de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay el próximo mes y México desviará este año 37.8 millones de litros (10 millones de galones) diarios de aguas residuales tratadas lejos de la costa.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, destacó el «gran compromiso de parte de los dos países por fortalecer la cooperación». La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también reafirmó la voluntad de su gobierno de ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales y destacó la importancia del acuerdo como un ejemplo de cómo «sentándonos con los equipos técnicos se puede resolver un problema que podía parecer irresoluble», en un contexto donde las playas de California próximas a la frontera han permanecido cerradas más tiempo que abiertas en los últimos cuatro años.
Este nuevo pacto es una respuesta a la creciente preocupación por la contaminación que ha llevado más de 378 mil millones de litros (100 mil millones de galones) de aguas residuales sin tratar y químicos industriales al condado de San Diego desde 2018. Expertos han señalado que la contaminación no solo afecta a quienes entran en contacto directo con el agua, sino también a la población en general, ya que los contaminantes se evaporan y entran en el aire que se respira.
Kristan Culbert, directora asociada de conservación de ríos de California para American Rivers, afirmó que «Las comunidades a lo largo del río Tijuana han sufrido de esta crisis de salud pública durante demasiado tiempo». Zeldin confía en que este acuerdo considera el crecimiento poblacional y los costos de operación para asegurar una solución «duradera y a largo plazo».
La firma de este acuerdo entre Estados Unidos y México sobre el río Tijuana marca un momento crucial en la gestión ambiental transfronteriza. La voluntad política mostrada por ambas administraciones y el establecimiento de un cronograma concreto brindan una perspectiva optimista para la resolución de un problema que ha afectado a miles de personas por décadas. Es un paso adelante que evidencia la importancia de la colaboración binacional para la salud pública y ambiental.