Tijuana, B.C. 27 de marzo de 2026.
Líderes del sector industrial en Tijuana han hecho un llamado enérgico al Congreso del Estado de Baja California para que se agilice y apruebe el reglamento de la Ley de Fomento a la Proveeduría. Según los representantes de cámaras empresariales, la ausencia de estas reglas de operación impide que las pequeñas y medianas empresas (PyMES) locales se integren de manera efectiva a las cadenas de valor de las grandes manufactureras. El fortalecimiento de la economía local a través de una base empresarial sólida es un factor que contribuye indirectamente a la seguridad pública en Tijuana, al generar empleos formales y bien remunerados que reducen la desigualdad en este 2026.
Los industriales señalan que, sin el reglamento, no existen incentivos claros ni mecanismos de certificación que permitan a los proveedores locales competir en igualdad de condiciones con empresas extranjeras. Para que la seguridad pública en Tijuana sea sostenible, se requiere de un ecosistema económico donde el valor agregado se quede en la región. La Ley de Proveeduría busca que un porcentaje obligatorio de las compras de la industria maquiladora se realice a empresas bajacalifornianas, lo cual detonaría una inversión histórica en tecnología y capacitación durante este primer trimestre del año.
El sector empresarial advierte que el retraso legislativo pone en riesgo la competitividad de Baja California frente a otros estados del norte del país que ya cuentan con marcos legales avanzados. Mantener la seguridad pública en Tijuana implica también dar certeza jurídica a las inversiones y fomentar el emprendimiento tecnológico. Los industriales esperan que en el próximo periodo de sesiones del Congreso se priorice este reglamento, permitiendo que las PyMES de la entidad se conviertan en el motor del desarrollo industrial durante este segundo trimestre del año 2026.
