Denuncian a corralón en Tijuana; cobran «cuotas directas» al margen del Ayuntamiento

Fecha:

Tijuana, B.C. 2 de febrero de 2026.

Ciudadanos tijuanenses han alzado la voz contra lo que califican como un sistema de extorsión operado por concesionarios de grúas. La denuncia pública, documentada este lunes, señala directamente a la empresa Grúas Martínez por realizar cobros de almacenamiento y arrastre de manera directa a los usuarios, omitiendo el proceso legal que obliga a realizar dichos pagos exclusivamente en las cajas de la Tesorería Municipal.

Créditos: ZETA

Los encargados del corralón exigen pagos en efectivo bajo la premisa de «agilizar» la entrega de los vehículos, evitando que el ciudadano acuda a las delegaciones a liberar infracciones. Esta práctica, según denunciantes como Gabino Juárez, ocurre presuntamente con la anuencia de inspectores municipales, quienes permiten que la concesionaria opere al margen de la ley.

El esquema detectado no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos con tarifas infladas, sino que representa una fuga de ingresos para las arcas del XXV Ayuntamiento de Tijuana. «Es un secreto a voces; te dicen que si les pagas a ellos directamente te sale más barato que la multa, pero es un acto de corrupción que deja al ciudadano sin ningún comprobante oficial de que su vehículo fue liberado», explicaron los afectados.

Créditos: ZETA

Ante estos hechos, la Sindicatura Procuradora ha instado a la población a no caer en estos tratos «por fuera» y a formalizar las quejas en las oficinas del Palacio Municipal. Se espera que en los próximos días se inicie una auditoría a los inventarios de Grúas Martínez para verificar la legalidad de las salidas de vehículos registradas en sus bitácoras durante los últimos meses.

Irregularidades Reportadas

  • Cobro Directo: Exigencia de dinero en efectivo en las instalaciones del corralón sin recibo oficial del Ayuntamiento.
  • Falta de Inventario: Reportan que los vehículos son entregados con faltantes (baterías, estéreos y pertenencias personales).
  • Bloqueo Administrativo: Dificultades para que el ciudadano realice el pago legal en Tesorería cuando el vehículo ya fue «negociado» en el corralón.
  • Tarifas Excesivas: Cobros por días de almacenamiento no devengados o arrastres con kilometraje inflado.

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