TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 1 DE OCTUBRE DE 2026.— Una investigación reveló que la administración estatal de Baja California otorgó acceso a sus sistemas de videovigilancia y tecnología de seguridad pública a una empresa vinculada con operaciones del Cártel de Sinaloa. El hallazgo encendió las alarmas en el sector político y social ante la vulneración de la infraestructura crítica del estado.
De acuerdo con la información difundida, la compañía privada obtuvo contratos para la instalación, mantenimiento y gestión de bases de datos conectadas a los centros de mando e inteligencia de la entidad. Las pesquisas señalan que los socios y apoderados de la firma mantienen nexos financieros directos con operadores de la delincuencia organizada.
El acceso de la empresa a las plataformas del C4 y C5 permitió potencialmente el monitoreo no autorizado de cámaras de vigilancia, lectores de placas automotrices y rutas de patrullaje oficial en los municipios de la entidad. La filtración de esta información crítica ponía en riesgo la efectividad de las operaciones de las fuerzas armadas y corporaciones policiales.
Representantes de partidos de oposición y legisladores exigieron una auditoría inmediata a los contratos gubernamentales de tecnología y la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Asimismo, solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades penales en el otorgamiento de dichas concesiones.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento oficial respecto a la cancelación de los contratos o la revisión de los accesos a la red de videovigilancia. El caso se suma a los crecientes cuestionamientos sobre los controles de confianza e inspección de proveedores en la administración pública local.
