Tijuana, B.C. 14 de mayo de 2026.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una carpeta de investigación formal contra el grupo conocido como «Patrulla Espiritual», tras la denuncia pública y legal por la privación de la libertad de una mujer trans en la ciudad de Tijuana. El incidente, que fue documentado en redes sociales, ha generado indignación entre colectivos de derechos humanos y la comunidad LGBTQ+, quienes señalan que estas prácticas de «anexamiento» forzado se realizan sin el consentimiento de las personas y bajo métodos cuestionables. La regulación de estos centros y grupos de asistencia es un tema de seguridad pública en Tijuana, ya que cualquier intervención sobre la libertad individual debe estar sujeta a la ley y al respeto de los derechos fundamentales durante este 2026.
Durante este primer trimestre del año y el transcurso de este mayo de 2026, la popularidad de este grupo en plataformas digitales ha crecido, sin embargo, con ella también las quejas por posibles violaciones a los derechos humanos. Para que la seguridad pública en Tijuana sea efectiva, la infraestructura en Juárez y Tijuana debe garantizar que los procesos de rehabilitación y asistencia social no se conviertan en actos de impunidad o discriminación por identidad de género durante este segundo trimestre del año 2026. La autoridad ministerial busca determinar si existió dolo o abuso de fuerza en el traslado de la víctima a un centro de rehabilitación.
La operatividad de estas agrupaciones religiosas o de autoayuda será sometida a revisión por parte de las autoridades sanitarias y de justicia. Mantener la seguridad pública en Tijuana operativa requiere de un marco jurídico donde la ayuda humanitaria no se confunda con la coacción. Este jueves 14 de mayo de 2026, se informó que la víctima ya ha rendido su declaración ante el Ministerio Público, asegurando que el seguimiento a este caso sentará un precedente sobre la legalidad de las «detenciones espirituales» durante el resto del 2026.
