Ciudad de México. 15 de enero de 2026.
En un mensaje contundente durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa de su ambicioso plan de reforma electoral, asegurando que las modificaciones propuestas buscan fortalecer la democracia participativa y no concentrar el poder en el Ejecutivo. Ante los señalamientos de diversos sectores de la oposición y organismos internacionales que advierten sobre un posible retroceso democrático, la mandataria afirmó que «nadie podrá decir que vamos al autoritarismo».
El eje central de la defensa de Sheinbaum se basa en la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la elección directa de los consejeros y magistrados electorales mediante el voto popular. Según la jefa del Ejecutivo, este modelo eliminará las cuotas partidistas que, a su juicio, han secuestrado a las instituciones electorales en el pasado. La presidenta subrayó que el objetivo es crear un sistema más austero y cercano a la ciudadanía, donde el ahorro generado pueda destinarse a programas sociales e infraestructura.
Sin embargo, la propuesta ha encendido las alarmas en el INE y el Tribunal Electoral, donde se argumenta que la elección por voto popular de funcionarios técnicos podría comprometer la imparcialidad de los comicios. Sheinbaum descartó estos temores, señalando que la legitimidad otorgada por las urnas será el mejor blindaje contra cualquier intento de manipulación política. La reforma, que se espera sea discutida en el Congreso en las próximas semanas, representa una de las pruebas de fuego más grandes para la administración actual en su relación con las minorías parlamentarias.
Para los habitantes del norte del país, especialmente en Ciudad Juárez y otras zonas fronterizas, la implementación de esta reforma podría significar cambios estructurales en la organización de los procesos electorales locales y federales, así como en la fiscalización de las campañas en una región con dinámicas políticas complejas.
Puntos clave de la propuesta defendida
- Elección Popular: Los ciudadanos votarían directamente para elegir a consejeros del INE y magistrados del TEPJF.
- Austeridad Republicana: Reducción drástica del presupuesto asignado a la burocracia electoral y a las campañas de los partidos.
- Digitalización del Voto: Impulso al voto electrónico para residentes en el extranjero y modernización de las urnas en territorio nacional.
- Federalismo: Reducción o eliminación de los organismos públicos locales electorales (OPLES) para centralizar la organización en un solo organismo nacional.
