MÉXICO, 10 DE OCTUBRE DEL 2025
El Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda contempla un aumento significativo en el impuesto especial (IEPS) para refrescos y productos del tabaco, lo que implicará incrementos en los precios al consumidor a partir del próximo año.

La propuesta ya se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, y el plazo para su aprobación expira el 20 de octubre. En el caso de los cigarros, se propone elevar la tasa ad valorem del 160 % al 200 %, lo que significa que por cada cajetilla cuyo precio base sea de 100 pesos, el impuesto especial pasará a ser de 200 pesos, además del IVA y otras cuotas fijas. También se plantea aumentar la cuota específica por cigarro, pasando a 0.8516 pesos por unidad en 2026 y proyectándose hasta 1.1584 pesos en 2030.
Los productos de tabaco tradicionales, puros artesanales y dispositivos electrónicos de nicotina también serán afectados. Por otro lado, los productos de terapia de reemplazo de nicotina quedarán exentos del IEPS, siempre que cuenten con registro como medicamentos.
En cuanto a refrescos, se prevén ajustes fiscales significativos que reconfigurarán su costo al consumidor final. Tal medida busca tanto aumentar la recaudación como desalentar el consumo de bebidas azucaradas con efectos negativos a la salud pública. El calendario legislativo establece que el Senado tendrá hasta el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos, luego de que la Cámara de Diputados concluya su análisis del proyecto. Si el paquete se aprueba sin modificaciones mayores, los cambios fiscales entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.
Los expertos advierten que estos incrementos podrían presionar la inflación y afectar el bolsillo de los consumidores más vulnerables. El debate fiscal no solo abarca cifras, sino consecuencias sociales, sanitarias y económicas. Este encarecimiento de refrescos y tabaco no es solo una medida recaudatoria: es una política con efectos duales, económica y de salud. Su implementación requerirá equilibrio político, sensibilidad social y claridad para que no termine siendo una carga injusta para el ciudadano promedio.


