Tijuana, 6 de octubre de 2025
El pago de la nómina pendiente a cientos de maestros de Tijuana y otras ciudades de la región, que pertenecen a distintos sindicatos, podría resolverse durante el mes de octubre. La secretaria de Educación, Irma Martínez Manríquez, aceptó en entrevista que existen alrededor de 500 casos de pagos pendientes a docentes, aunque aclaró que la fecha definitiva depende de la validación y el visto bueno que debe otorgar la Secretaría de Hacienda para la generación y aprobación de la nómina correspondiente.
La secretaria detalló que los casos de adeudo en revisión se concentran en docentes de distintas agrupaciones, incluyendo el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC), el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEBC) y la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Martínez Manríquez aseguró que, aunque la autorización del pago es «tentativa» y sujeta a la gestión de Hacienda, se está trabajando en la «construcción de la nómina» para saldar lo correspondiente al ciclo escolar 2023-2024 del periodo de enero a julio, mientras se revisan casos de otros periodos.
El problema de los salarios no pagados ha generado una ola de manifestaciones por parte de los docentes desde mediados de septiembre. Los maestros han realizado protestas en centros de gobierno y oficinas del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) en distintos municipios de la región, exigiendo el pago de sus salarios adeudados. Según Berta Sánchez Valderramas, representante del SETEBC, se estima que el número de docentes sin salario en la región oscila entre 500 y 700, mientras que la coordinadora del SETE en Tijuana señaló que el adeudo acumulado total asciende a cinco millones de pesos.
Las exigencias del magisterio no se limitan al pago de sus salarios; los maestros también han solicitado ser tomados en cuenta en la creación de un nuevo protocolo de seguridad escolar. Los docentes temen que las nuevas regulaciones en torno a incidentes en las escuelas les asignen responsabilidades que no les corresponden, por lo que han exigido “protocolos que cuiden, no que condenen”. La secretaria de Educación ha respondido asegurando que se está escuchando a los docentes y que se establecerá una responsabilidad compartida entre directivos, supervisores, la propia Secretaría y los padres de familia.
El potencial pago del adeudo en octubre es un respiro largamente esperado para el magisterio de Tijuana, pero la controversia subyacente subraya la fragilidad financiera del sistema educativo. El retraso en el pago de salarios es una violación a los derechos laborales de los maestros y un recordatorio de que la educación requiere una gestión presupuestal más eficiente. La lucha de los docentes por su nómina y por un protocolo de seguridad justo demuestra su compromiso con la enseñanza y con la defensa de sus derechos.
