COSTA RICA, 19 DE MAYO DEL 2025.
Un gato doméstico fue interceptado por las autoridades penitenciarias de Costa Rica cuando intentaba ingresar drogas a la Penitenciaría de Pococí. El animal, de pelaje blanco con manchas grises, fue detectado durante una ronda de rutina el pasado martes 6 de mayo, luego de que los oficiales notaran un bulto sospechoso en su lomo.
Al ser capturado, se confirmó que el felino transportaba dos paquetes adheridos con cinta industrial, los cuales contenían 235.65 gramos de marihuana, 67.76 gramos de pasta de crack y dos pliegos de papel para fabricar boletas. Tras el decomiso, el gato fue trasladado al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), donde permanece bajo observación veterinaria. En redes sociales, el animal fue apodado “narcomichi”, convirtiéndose en un símbolo más de esta inusual táctica criminal.
Este no es un hecho aislado. Entre 2015 y 2024, las autoridades costarricenses han registrado al menos siete incidentes en los que se ha intentado ingresar drogas u objetos prohibidos mediante animales como palomas, perros y, en su mayoría, gatos. Los expertos señalan que este método se aprovecha de dos factores: la dificultad de controlar permanentemente los perímetros de los centros penitenciarios y la apariencia inofensiva de los animales, que muchas veces les permite pasar desapercibidos.
En agosto de 2018, por ejemplo, un gato con un morral al cuello fue sorprendido en el Centro Penitenciario La Reforma, en Alajuela, transportando marihuana y teléfonos celulares. Casos similares se repitieron en 2021 en cárceles de Limón, donde felinos cargaban cannabis y accesorios electrónicos. Estos hechos llevaron a las autoridades a modificar sus protocolos e integrar a especialistas veterinarios en sus inspecciones.
El fenómeno también ha cruzado fronteras. En Panamá, un gato con drogas fue capturado en 2021, mientras que en Rusia, en 2024, se descubrió un plan para utilizar un gato con antecedentes de vida dentro de prisión como mula para hachís y anfetaminas. Las autoridades de ambos países confirmaron la participación de redes criminales que operaban desde dentro de los centros penitenciarios.
Criminólogos coinciden en que uno de los retos más complejos es la imputación de responsabilidades, ya que los animales no actúan por voluntad propia. Esta ambigüedad legal permite que los verdaderos responsables operen en la sombra, sin dejar rastros claros.
Más allá de lo anecdótico, lo ocurrido en Pococí revela una preocupante sofisticación del crimen organizado y una falla estructural en la vigilancia penitenciaria. Cuando los delincuentes recurren a métodos tan elaborados como el uso de animales para sus fines, no solo exponen las debilidades del sistema, sino también su disposición a instrumentalizar cualquier forma de vida para continuar sus operaciones. Es un recordatorio contundente de que la innovación criminal no tiene límites, y que la respuesta institucional debe estar un paso adelante, no detrás.
